La Fiscalía General de Nayarit investiga si el desplome de la avioneta Cessna Citation con matrícula XB-BAR, ocurrido el domingo 4 de octubre en la sierra de Ixtlán del Río, fue un atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. En el siniestro murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas, los dos únicos ocupantes de la aeronave.
De acuerdo con El Universal, la aeronave despegó por la tarde del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes, y unos 18 minutos después modificó su rumbo, al parecer para regresar a la capital nayarita, antes de perderse del radar. Los restos fueron localizados el lunes en la zona serrana, cerca de la comunidad de Los Mezquites. La fiscal general Ludmila Heredia Verdugo informó que la investigación "mantiene abiertas todas las hipótesis" y que la dependencia dio vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de un asunto aeronáutico. Para Nayarit, el caso toca la operación cotidiana del gobierno estatal: la ruta aérea que usaban el mandatario y otros funcionarios es el eje sobre el que se cruzan los indicios.
Los datos provienen de una investigación previa. De acuerdo con Proceso, la Fiscalía aseguró teléfonos y extrajo registros de vuelos privados de funcionarios estatales, con matrículas, horarios y pasajeros; entre las aeronaves identificadas estaba la XB-BAR, que El País México describe como la que Navarro Quintero y su familia utilizaban de manera regular. El Universal reportó que la fiscal declaró que en esos equipos "tenía la matrícula, el horario, quiénes abordaban el avión". Los peritajes técnicos sobre la aeronave, las condiciones meteorológicas, la trayectoria del vuelo y los testimonios están en curso, con participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de las autoridades aeronáuticas.
Ninguna autoridad ha determinado hasta ahora las causas del desplome. La Fiscalía de Nayarit señaló que Ixtlán del Río es una zona con presencia de tráfico de armas y que los datos extraídos de los teléfonos se entregaron a instancias federales. El resultado de los peritajes y de la carpeta que continúa la Fiscalía General de la República definirá si el caso se mantiene como accidente aéreo o se reclasifica.
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